Alonso Montes de Oca | 7 de Octubre de 2021 a las 12:20
El 30 de septiembre de 2021, el presidente de México presentó ante el Congreso de la Unión una iniciativa para reformar distintos artículos de la Constitución, con la finalidad de incrementar el control del estado mexicano en la industria. Al día de hoy podemos escuchar en muchos lados a personas y expertos criticando este proyecto y también discusiones y especulaciones políticas, puesto que el PRI resulta ser el partido que movería la balanza para aprobar o no, esta iniciativa.
Primero es importante entender lo que se necesita para que esta iniciativa se convierta en ley. Existe cierta confusión sobre que esto ya está hecho y solo es cuestión de tiempo para que se implemente, pero no es así. Al ser una iniciativa para reformas la constitución, el proceso que debe de seguir para efectivamente entrar en vigor, es que dicha iniciativa sea aprobada por la mayoría calificada del Congreso de la Unión (cámara de diputados y cámara de senadores en conjunto), así como la mayoría de las legislaturas estatales en el país. Es decir, se requiere i) el voto favorable de dos terceras partes de la cámara de diputados (333/500 diputados); ii) una vez aprobada en la cámara de diputados, el voto favorable de dos terceras partes de la cámara de senadores (85/128 senadores); iii) una vez aprobada en ambas cámaras, el voto favorable de la mayoría de las legislaturas estatales (17/32).
La premisa de que el PRI será esencial para que AMLO consiga su plan, es real. Resulta que en la cámara de diputados, hay 277 asientos ocupados por morena, por lo que será necesario convencer a 56 diputados de otros partidos. En la cámara de senadores es más sencillo, puesto que MORENA solamente necesita llamar la atención de 7 senadores y en cuanto a las legislaturas estatales, las coaliciones de MORENA, tienen mayoría con sus coaliciones en 21 entidades federativas.
Ahora bien, habiendo entendido lo que se necesita para que esta reforma se aplique en México, también es importante entender los cambios que traería, en caso de ser aprobada. El proyecto busca que la industria eléctrica se convierta en área estratégica reservada exclusivamente al estado, bloqueando así la participación privada. Otro cambio importante es que el estado mexicano llevará las riendas a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con facultades de determinar las tarifas de las redes de trasmisión y distribución así como definir la participación de los privados, entre otras. Estos cambios implican la desaparición de organismos reguladores autónomos la CRE y la CNH y la subsidiaria encargada de suministro CENACE.
Adicionalmente es importante destacar que este proyecto busca que la generación de electricidad así como el abastecimiento y despacho, sea en 54% por la CFE, permitiendo la participación privada hasta el 46%, limitando a que la energía generada por privadas sea comprada solamente por la CFE. Un problema que representa esta iniciativa es la cancelación de todos los permisos de generación eléctrica actuales.
Por último la iniciativa menciona que no se otorgarán concesiones para la explotación de litio y otros minerales. Esto es algo interesante ya que el litio es el componente principal en las baterías eléctricas hoy en día. Lo que significa que la demanda es bastante extensa para que el estado pueda tomar provecho y aumentar sus ingresos.